La Franja de Servidumbre: Seguridad, Protección Operativa y Gestión

La franja de servidumbre es un concepto fundamental en la gestión de infraestructuras estratégicas, ya que establece una zona de protección obligatoria alrededor de instalaciones cuya operación implica riesgos significativos. Esta franja constituye un espacio físico delimitado que debe mantenerse libre de construcciones, obstrucciones o actividades que puedan interferir con la integridad, el mantenimiento o la operación segura de líneas eléctricas, ductos, carreteras, vías ferroviarias, cuerpos de agua, oleoductos, gasoductos y otras instalaciones reguladas. Su existencia deriva tanto de consideraciones técnicas como legales, y está diseñada para equilibrar la operación segura de estas infraestructuras con el derecho al uso del suelo por parte de particulares o comunidades, siempre bajo criterios de seguridad pública y continuidad operativa.

Desde una perspectiva técnica, la franja de servidumbre responde a estándares específicos de cada tipo de infraestructura. En líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo, se determina con base en distancias mínimas de seguridad para evitar contactos directos, formación de arcos eléctricos, descargas atmosféricas o interferencias electromagnéticas. En ductos de hidrocarburos o sustancias peligrosas, la franja considera el riesgo potencial de fugas, la presión de operación, características geológicas del terreno y posibles afectaciones a ecosistemas o asentamientos humanos. En carreteras y ferrocarriles, esta área permite garantizar la visibilidad, la protección estructural y el acceso permanentes a las labores de mantenimiento. En todos los casos, la franja actúa como un espacio de amortiguamiento que reduce la probabilidad de incidentes y facilita la intervención inmediata ante emergencias.

En materia de seguridad industrial y protección civil, la franja de servidumbre adquiere una relevancia aún mayor, ya que constituye un mecanismo preventivo ante eventos de alto impacto. Al mantener despejado este espacio, se limita la presencia de materiales combustibles, edificaciones vulnerables o actividades humanas que podrían incrementar las consecuencias de un accidente. Igualmente, permite que las brigadas de emergencia accedan sin obstáculos para realizar maniobras de aislamiento, contención, evacuación o reparación. La señalización adecuada, la inspección periódica y la gestión coordinada con autoridades locales forman parte indispensable de las obligaciones del operador, quien debe garantizar que la franja permanezca en condiciones óptimas para su función protectora.

Desde el punto de vista jurídico, la servidumbre puede constituirse por mandato legal, por acuerdo entre las partes o por resolución administrativa, dependiendo del tipo de infraestructura y del marco normativo aplicable. Aunque el propietario del terreno conserva el dominio, las restricciones de uso son obligatorias y vinculantes: no puede edificar, excavar, sembrar árboles de gran altura, almacenar materiales ni realizar actividades que comprometan la seguridad de la infraestructura. En México, múltiples leyes y normas técnicas —como la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos, la Ley General de Bienes Nacionales, regulaciones de CFE, PEMEX y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)— establecen los parámetros mínimos para estas franjas, así como las obligaciones de inspección, mantenimiento y vigilancia.

La coexistencia entre infraestructura estratégica y comunidades requiere una gestión adecuada de estas franjas, ya que su respeto evita conflictos sociales, daños a la propiedad, riesgos para la población y pérdidas económicas por interrupciones en el servicio. En zonas rurales, estas franjas pueden seguir utilizándose para actividades de bajo impacto como agricultura ligera o pastoreo, siempre que no contravengan las restricciones establecidas. En áreas urbanas, su control es esencial para prevenir asentamientos irregulares, conexiones clandestinas, construcciones no autorizadas o invasiones que comprometan la seguridad pública. En ese sentido, las campañas de sensibilización, la comunicación con los propietarios y el cumplimiento normativo contribuyen a un manejo responsable del territorio.

Finalmente, la franja de servidumbre representa un componente estratégico para la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de infraestructura. Su correcta aplicación reduce la exposición al riesgo, favorece la continuidad operativa, disminuye costos de mantenimiento correctivo y fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias. En un contexto donde las ciudades crecen, las demandas energéticas aumentan y el transporte de materiales peligrosos es cada vez más intenso, la servidumbre se convierte en una herramienta indispensable para asegurar la convivencia segura entre la actividad humana y las infraestructuras de alto valor social y económico. Implementarla con rigor, supervisarla constantemente y difundir su importancia permite construir entornos más seguros, eficientes y preparados frente a contingencias.