El estado de interdicción es una figura jurídica que se aplica cuando una persona es declarada incapaz legalmente para ejercer por sí misma sus derechos y cumplir con sus obligaciones debido a una condición física, mental o psicosocial que le impide hacerlo de manera consciente, responsable y plena. Esta condición es determinada por una autoridad judicial, a través de un procedimiento formal que busca proteger tanto a la persona incapaz como a la sociedad frente a posibles actos jurídicos que puedan resultar en perjuicio.
En términos generales, la interdicción es una restricción a la capacidad de ejercicio, no a la capacidad de goce. Esto significa que la persona en estado de interdicción conserva su calidad de sujeto de derechos (derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad personal), pero se limita su capacidad de tomar decisiones y de obligarse por sí misma en actos jurídicos, económicos o sociales.
En México, la figura del estado de interdicción se encuentra regulada en los Códigos Civiles de las entidades federativas y, de manera indirecta, en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, ya que el procedimiento debe garantizar el respeto a la dignidad y la protección de las personas con discapacidad. De manera tradicional, la interdicción ha estado vinculada a condiciones como enfermedades mentales graves, deficiencias intelectuales profundas, adicciones o estados de salud que imposibilitan el ejercicio de la autonomía.
El procedimiento inicia con una demanda de interdicción que suele promover un familiar cercano, tutor provisional o el Ministerio Público. El juez, tras la valoración de peritajes médicos y psicológicos, puede declarar el estado de interdicción y designar a un tutor legal, quien será responsable de la representación y cuidado del incapacitado. Esta resolución es de orden público y busca proteger la esfera patrimonial y personal de quien no puede hacerlo por sí mismo.
La declaración de interdicción implica que la persona no puede celebrar contratos, administrar bienes, contraer matrimonio sin autorización especial, reconocer hijos ni realizar actos jurídicos que impliquen consecuencias patrimoniales o personales de alto impacto. Cualquier acto celebrado por una persona en estado de interdicción sin la representación de su tutor puede ser considerado nulo.
No obstante, en la actualidad, el estado de interdicción se encuentra en un proceso de transformación debido a la influencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), la cual promueve un modelo basado en la capacidad jurídica plena y en el acompañamiento en la toma de decisiones, en lugar de la sustitución absoluta de la voluntad. Esto ha generado reformas y debates en México y en otros países para transitar hacia figuras más inclusivas, como la curatela o el sistema de apoyos, que buscan reconocer la autonomía y voluntad de la persona con discapacidad en la mayor medida posible.
El estado de interdicción es una institución jurídica que históricamente ha buscado proteger a quienes, por diversas causas, no pueden administrar adecuadamente su vida o sus bienes. Sin embargo, también representa una limitación significativa a la autonomía personal, por lo que su aplicación debe ser cuidadosa, respetuosa de los derechos humanos y sujeta a revisión periódica. Hoy en día, el reto consiste en armonizar esta figura con los estándares internacionales, promoviendo un equilibrio entre la protección de la persona y el reconocimiento de su capacidad jurídica, garantizando así un trato digno y justo.