La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en diversos sectores de la vida cotidiana, desde la medicina hasta la educación, y el ámbito jurídico no ha quedado al margen de esta transformación. En México, el Semanario Judicial de la Federación publicó la tesis aislada con registro digital 2031010, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que aborda directamente el uso de herramientas de IA en procesos jurisdiccionales. Este precedente es pionero porque reconoce la utilidad de la tecnología, pero al mismo tiempo establece que su aplicación debe enmarcarse en principios éticos y con perspectiva de derechos humanos, con el fin de preservar la esencia de la función jurisdiccional.
El caso que dio origen a este criterio surgió en un recurso de queja donde el tribunal empleó inteligencia artificial para calcular el monto de una garantía en un juicio de amparo. Este hecho, aparentemente técnico, puso de relieve la necesidad de fijar parámetros mínimos para que la IA pueda auxiliar en tareas judiciales sin sustituir la labor del juez. Los magistrados establecieron cuatro elementos indispensables: proporcionalidad e inocuidad (uso limitado a lo estrictamente necesario y legítimo), protección de datos personales (resguardando la información sensible del expediente), transparencia y explicabilidad (informar y detallar el modo en que se llega a los resultados), y supervisión y decisión humanas (manteniendo en todo momento la deliberación dentro del ámbito jurisdiccional). Estos principios garantizan que la IA actúe como un apoyo técnico y no como un reemplazo del razonamiento jurídico.
La importancia de esta tesis radica en que marca un punto de partida en México para regular el uso de nuevas tecnologías en el sistema judicial, un terreno en el que aún no existen leyes específicas. En ausencia de regulación, el Tribunal ejerció un control de autocontención, tomando como referencia documentos internacionales como las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Fiable de la Unión Europea y la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. De esta manera, se vincula la innovación tecnológica con la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar procesos justos, al tiempo que se impulsa la modernización de la administración de justicia.
Este criterio tiene también un alcance prospectivo. En un mundo donde la digitalización avanza a gran velocidad, es probable que los tribunales enfrenten cada vez más escenarios en los que el uso de IA pueda ser útil para analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones o realizar cálculos complejos. Sin embargo, lo que la tesis 2031010 recuerda es que la justicia no puede depender exclusivamente de algoritmos. La decisión final debe recaer siempre en un juez o magistrado que, con independencia y conocimiento jurídico, pueda valorar no sólo los datos, sino también los principios y valores que fundamentan el derecho.
En conclusión, la tesis 2031010 no sólo resolvió un caso concreto, sino que estableció una guía inicial para enfrentar los retos de la digitalización judicial en México. Su relevancia radica en equilibrar innovación y derechos humanos, mostrando que es posible avanzar hacia una justicia más moderna y eficiente sin sacrificar las garantías fundamentales de las personas. Se trata de un criterio que seguramente influirá en futuras reformas legales y en el diseño de protocolos específicos sobre IA en la impartición de justicia, consolidándose como un referente en el debate jurídico contemporáneo.
Consulta la tesis aquí: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2031010